La familia Barrios es perseguida por efectivos de la policía del estado Aragua y a la fecha ya han sido asesinados cinco de sus miembros, incluyendo un niño.
De esta manera el Estado venezolano da cumplimiento a la sentencia definitiva del 29 de agosto de 2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo referente a las reparaciones pecuniarias de las víctimas de los sucesos ocurridos en Caracas entre el 27 y 28 de febrero de 1989.
Muchos edificios penitenciarios están deteriorados, con condiciones sanitarias pésimas, y los presos, hacinados y mezclan entre procesados y quienes tienen condena firme, duermen, comen, excretan y se consumen en el ocio en pabellones controlados por bandas conectadas extramuros. Una situación extrema que se repite en muchos países latinoamericanos, pero que en Venezuela destaca por las muestras de violencia dura.
El Estado se perfila como el principal victimario y responsable del mayor número de casos de violación al derecho a la libertad de expresión e información en 2009, señaló la organización no gubernamental Espacio Público en un informe divulgado hoy.
Según Chaderton, la CIDH experimenta una ''situación de acromegalia institucional'', puesto que no presta la debida atención a los asuntos que realmente la ameritan sino a los que se apegan más a sus intereses.
El sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Armando Márquez Mirabal fue condenado a 16 años y 4 meses de prisión, por el homicidio de un adolescente, quien era estudiante de la Escuela Técnica Industrial Antonio Díaz del estado Bolívar, hecho ocurrido el 03 de noviembre de 2008, durante una manifestación.
La detención de la jueza María Lourdes Afiuni amenaza la independencia judicial y el estado de derecho en Venezuela, señaló hoy Human Rights Watch en un comunicado. Venezuela ha ignorado los pedidos de los órganos de derechos humanos de la ONU y la OEA para que ponga fin a la detención arbitraria de Afiuni y garantice su seguridad.
La detención de Zuloaga evidencia la falta de independencia del Poder Judicial y la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas, lo que produce un efecto amedrentador que se extiende a toda la sociedad, expresó la CIDH en un comunicado.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia venezolana, situación que conspira gravemente contra el libre ejercicio de los derechos humanos en este país, y que ha permitido que se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos, judicializar la protesta social pacífica y perseguir penalmente a los disidentes políticos.
El informe aprobado por Asamblea Nacional sobre la situación carcelaria en Venezuela es una “clara demostración” del fracaso del Plan de Humanización Penitenciaria y de la ineficacia del Consejo Superior Penitenciario en la búsqueda de salidas a la crisis que sufre este sector, opinó la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad.
Es urgente crear en la región un mecanismo de seguimiento y de vigilancia de los derechos humanos, que sea imparcial, que respete los principios de universalidad y de no politización, señaló la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez.
Para el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela tiene visos políticos y buscar crear una ficción sobre el país, pues esa comisión “forma parte de una urdimbre de burócratas de los derechos humanos comprometidos con las políticas imperiales”.
En Venezuela se ha producido un "debilitamiento" de la democracia y del Estado de Derecho que ha traído como consecuencia "serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos", señaló hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al dar a conocer su informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó hoy su “profunda preocupación por los graves hechos de violencia” ocurridos en las manifestaciones llevadas a cabo en varias ciudades de Venezuela durante la última semana de enero, tanto a favor como en contra del Gobierno del Presidente Hugo Chávez.
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